SEGURPRIV-T.N.S- Trabajadores Nacional Sindicalistas. Sección Sindical SEGURIDAD PRIVADA T.N.S sindicatotns@gmail.com segurprivtns@hotmail.com (c) 2011.
SALA DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA Teléfono gratuito: 900.350.125 (24 horas) Teléfono: 913.227.196 (24 horas) Fax: 913.227.188 Correo electrónico: cgsc.segurp@policía.es
Mostrando entradas con la etiqueta SEGURIDAD JUZGADOS. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta SEGURIDAD JUZGADOS. Mostrar todas las entradas

martes, 1 de marzo de 2011


El recorte en seguridad ralentiza los accesos en todos los juzgados

La puesta en práctica de la anunciada reducción del número de los vigilantes de seguridad que custodian los juzgados de Canarias generó ayer considerables problemas de acceso a los mismos por toda la Isla, con especial incidencia en los de Arona, donde se rozó el caos en determinadas horas del día.
En concreto, la Dirección General de Justicia del Gobierno de Canarias aplicó ayer la decisión de suprimir el 25% de la vigilancia en todos los juzgados del Archipiélago, con lo que en casos como el de Arona supuso pasar de seis a cuatro vigilantes.
El resultado en la práctica de la medida de ahorro fue un colapso y, desde luego, generar enorme irritación tanto en trabajadores como en los usuarios, a los que no les valían las explicaciones dadas.
Según detallaba ayer Europa Press, las colas en el acceso a los juzgados aroneros llegaron a superar la hora de duración en un centro al que acuden más de 500 personas al día. "Están totalmente colapsados", explicaban los usuarios. "La gente llega en cola hasta el aparcamiento y algunas veces el personal de las salas ha tenido que salir a buscar a los ciudadanos que hoy debían comparecer en alguno de los juicios previstos".
Mientras tanto, la situación en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife no resultó tan caótica aunque el ambiente entre los trabajadores era pésimo. "Apenas somos 12 para un edificio de estas características y ahora, con 10, no sé qué pasará. Aquí vienen más de 1.000 personas cada día, y este recorte nos obliga a prescindir, tarde o temprano, del control de identificación personal en la puerta". detallaba un miembro de la Junta de Personal.
Mientras tanto, la situación en Granadilla, donde se pasa de cuatro vigilantes a tres, no fue mucho mejor, sin llegar a las desesperantes esperas de Arona.
Por su parte, el responsable provincial de Seguridad Privada del sindicato CSI-F, Gustavo Villalobos, destacaba ayer a este periódico "lo peligroso" del recorte. "Sabiendo la situación en la que nos encontramos con unos juzgados desbordados y faltos de personal reducir algo tan básico como la seguridad puede resultar peligroso para los trabajadores y usuarios", explicaba Villalobos, para quien "está claro que un juzgado no es un edificio cualquiera, sino que requiere un refuerzo especial. El que piense que la seguridad es cara, si lo piensa dos veces se da cuenta que resulta barata", remachó.
De la pistola del alto cargo y otros
La seguridad en un edificio como el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife no es tarea sencilla, dado el enorme volumen de visitas que recibe diariamente y las peculiaridades de las mismas, tanto por su relevancia como su peligrosidad. Tampoco es baladí el valor de los enseres que se guardan en el inmueble, pero sobre las personas apuntar que al piso cuarto (juzgados de lo penal) acuden delincuentes de toda condición. No parece necesario recordar, igualmente, que tanto jueces como fiscales son personalidades merecedoras de especial protección, dado que el ejercicio de su cargo les genera no pocas enemistades. Pero lo jugoso llega al abrir la gaveta de las anécdotas, desveladas por profesionales de la Justicia a este periódico. En un somero resumen, apuntar que el control de la puerta ha impedido que a los juicios se acuda con utensilios tan poco apropiados como una sierra, por no hablar de las innumerables navajas interceptadas. Las armas de fuego merecen capítulo aparte, sobre todo desde aquel día en que un alto cargo apareció en un despacho de la zona noble y, circunspecto, sacó una pistola del bolsillo, la puso sobre la mesa y espetó: "Aquí, la seguridad es una mierda".
Fuente: www.diariodeavisos.com 

Reducen el 25% de la seguridad privada

El sector autonómico de Seguridad Privada del CSI-F manifestó ayer su preocupación por la reducción de la seguridad privada en los juzgados de Canarias, pues se ha suprimido un 25 por ciento del personal de seguridad privada de estos organismos. Esta medida se incluye en la política del recorte de gastos del Ejecutivo canario. Según explicó el CSI-F a este periódico, la reducción de la seguridad privada en estos edificios públicos puede provocar graves problemas en la seguridad de los trabajadores y usuarios. 
El sindicato destacó que se ha realizado este recorte en la peor época del año, pues "el índice de criminalidad en esta época de crisis ha aumentado, porque en vez de reducir en seguridad, se debería aumentar".

martes, 22 de febrero de 2011


Una garita de cartones

Un palé de madera y varios cartones son la base de una improvisada garita que los vigilantes de seguridad de la moderna sede del edificio Noga se han tenido que fabricar para intentar combatir el frío. Los cartones están adheridos con unas bandas adhesivas que llevan el logotipo de Metro de Sevilla y están rematados con un cartel en el que puede leerse en tipografía de imprenta la leyenda "Seguridad de los juzgados". Más que un puesto de vigilancia parece un refugio nocturno de una persona indigente, pero es lo único que han podido idear los vigilantes de seguridad ante la falta de respuesta de su empresa y de la Consejería de Gobernación y Justicia y de la Junta, de quien depende el inmueble que alberga a los juzgados de lo Penal, de lo Social y los mercantiles.
Esta garita de fabricación casera tiene su razón de ser en el control que la vigilancia del edificio debe llevar a cabo cada vez que entra o sale un furgón policial con presos que deben comparecer al requerimiento efectuado por un juzgado. La apertura y cierre de las puertas del garaje del inmueble, en cuyos sótanos se encuentran los calabozos, obliga a los vigilantes a tener que soportar el frío del invierno, que se dejaba notar con mayor intensidad en el garaje de la sede judicial.
Los vigilantes de seguridad remitieron a principios de enero a su empresa, Esabe, un escrito en el que solicitaban la instalación de una garita para soportar las bajas temperaturas, según explicaron ayer a este periódico algunos de los trabajadores afectados. La empresa les comunicó que esa petición tenían que trasladarla a su vez a la Consejería de Justicia, que fue la que adjudicó el servicio de seguridad de las sedes judiciales de Sevilla a esta compañía. Desde entonces no han vuelto a recibir ninguna contestación y los vigilantes siguen intentando soportar las bajas temperaturas parapetándose como pueden en su garita hecha de cartones.
No es la única solución que están buscando, puesto que, según comentan los trabajadores, ya le han echado el ojo a unos paneles prefabricados que fueron desmontados en una de las plantas del edificio y con los que quieren construirse, si se lo permiten, una garita más estable. Los vigilantes están dispuestos a montar la garita ellos mismos si es preciso, todo ello con tal de que su refugio del frío pueda ser útil para esta misma temporada invernal.
El problema de la garita del Noga no es el único que denuncian los vigilantes, ya que desde que se hizo cargo la nueva empresa están sufriendo retrasos en el pago de sus nóminas -a veces reciben el dinero a mediados de mes- y les abonan las horas extras fuera de la nómina, motivo por el que la veintena de vigilantes de los juzgados llegaron a manifestarse hace unas semanas frente a los juzgados del Prado de San Sebastián.

sábado, 12 de febrero de 2011


La seguridad en los Juzgados de Sama se limita a la instalación de cámaras

El Principado no contratará finalmente a vigilantes para controlar las imágenes que grabarán las cámaras de seguridad instaladas en los juzgados de Langreo. Fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad han asegurado que las cámaras instaladas en las tres dependencias judiciales «ya están funcionando» y que sus grabaciones son recogidas por un ordenador central para que «puedan ser revisadas en caso de que sean necesarias para esclarecer algún hecho». 
Según la previsión inicial, que finalmente no se ha materializado, el vigilante de seguridad tendría un puesto en el vestíbulo de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción números 1 y 2, en la calle Dorado de Sama. Hasta su ordenador llegarían todas las imágenes de los accesos a las diferentes sedes, que controlaría a tiempo real. El Principado ha decidido, sin embargo, prescindir de esa contratación, según destacaron fuentes de la consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. 
El incremento de medidas de seguridad en los juzgados de Langreo fue demandada por los funcionarios con varias concentraciones tras la agresión sufrida por un trabajador el pasado mes de mayo a la salida de las instalaciones de la calle Dorado. El Principado se comprometió en una reunión con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a ejecutar las obras requeridas. El sindicato reiteró días atrás la petición a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad para acabar de forma «urgente» con la situación de inseguridad existente. Luis Pérez Álvarez, presidente del sector de justicia de CSIF Asturias, señaló que el Gobierno regional se había comprometido en octubre del pasado año a contratar un vigilante de seguridad además de instalar un sistema de altavoces externos, pulsadores antiagresión en las sedes del Juzgado de lo Penal y el de Instrucción número 3 y un nuevo sistema de iluminación. 
Cuatro meses después, señaló Pérez, las obras ejecutadas se centran en la instalación de cámaras en las tres dependencias y nuevas luces fluorescentes, el arreglo una puerta de entrada y la colocación de una mesa para el vigilante que «fue posteriormente retirada pues quedaba ridícula en la entrada». También se pintaron las sedes. «Después de muchos meses la situación sigue igual», señaló el portavoz de CSIF, que el pasado 3 de febrero dirigió un nuevo escrito al Principado de Asturias.