Ya son 9 los arrestados en la nueva etapa de la ‘operación Bachiller’

Ya son nueve los vigilantes de seguridad arrestados en el marco de la nueva fase de la llamada operación Bachiller, según desvelaron ayer fuentes del Sindicato Unificado de Policías (SUP) mediante un comunicado remitido a la agencia Efe.
Los sindicalistas detallan que los nueve trabajadores, que habrían falsificado documentos públicos para cumplir con los requisitos que se exigen a la profesión, pertenecen a la empresa de seguridad Dialse Seguridad, y dos de ellos estaban también habilitados como directores de seguridad y escoltas privados.
Como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS, los detenidos prestan sus servicios en el centro de menores con medidas judiciales sito en Valle Tabares (La Laguna). Los compañeros de los detenidos detallaron a este periódico que los detenidos eran ocho, siete de los cuales habrían sido arrestados tras ser convocados en el centro por su jefe para una reunión de trabajo. Sin embargo, las fuentes del SUP apuntan que solo se arrestó a cinco en el centro, mientras que los otro cuatro habrían sido detenidos en Icod de los Vinos, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Al parecer, los detenidos habrían falsificado títulos académicos y diplomas de formación para presentarse a las pruebas de vigilantes, directores de seguridad y escoltas privados.
La policía continúa las investigaciones y no descartan nuevas detenciones, añade el SUP, que indica que las investigaciones fueron desarrolladas por agentes de la brigada operativa de empresas de la unidad central de Seguridad Privada en Madrid.
En las investigaciones también colaboraron policías de la Unidad Territorial de Seguridad Privada y de Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Tenerife, aunque la Comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía declinó realizar comentario oficial alguno sobre los arrestos.
Se da la circunstancia de que los actuales vigilantes de seguridad de Valle Tabares fueron subrogados a la actual empresa desde una anterior relacionada con la primera fase de la operación Bachiller, que en mayo del año pasado desmanteló una red que se dedicaba a la falsificación de este tipo de documentación para vigilantes.
Fuente: www.diariodeavisos.com

Madrid, los vigilantes gitanos se hacen con el control de las obras

No se habla en ningún medio de comunicación sobre una situación que se viene soportando en las obras en construcción y que tiene todas las características de un impuesto mafioso.

Se ha establecido, ateniéndome a los hechos, la división de la ciudad de Madrid y su área metropolitana en barrios dependientes de clanes gitanos. Es decir, son territorios que han sido adjudicados dentro de la organización de esos clanes, mafias o camorras a determinados individuos, que actúan y se presentan como ‘Vigilante de barrio’, incluso con tarjeta de visita y número de teléfono móvil, en las obras en construcción y ofrecen sus servicios, no de vigilancia, y sí de que “no te pasará nada en la obra”. 

En función de cómo es la obra, su emplazamiento y su categoría, aplican su tarifa mensual. Suelen exigir que les dejes la llave de esta y de la caseta de obra. Vamos, que se les facilite la entrada como si fueran a estar en ella vigilando durante las horas que permanece parada. 

La realidad es que sólo aparecen a cobrar a fin de mes y, desde luego, no falta nada en la obra. Pero si el contratista no pasa por el aro, pues la obra sufrirá una serie de desperfectos y daños, que serán más costosos que el peaje solicitado. 

Esto se ha extendido a todas las latitudes de Madrid. Incluso ya se ven en algunas obras un cartel que dice ‘Vigilante gitano’. Antes de este perfeccionamiento, se producían robos en las obras, principalmente de maquinaria eléctrica de mano o el cobre y plomo del material acopiado, siempre fácil de vender a peristas. 

Estos robos impulsaron a que los fabricantes de maquinaria establecieran un control numérico sobre estas herramientas, de manera que, denunciando su robo, estas máquinas no se podían reparar, pues el taller oficial las detectaba y avisaba al propietario. 

Esto, unido a que la maquinaria ya no duerme en las obras, pues los operarios, casi todos con vehículo, las transportan diariamente, y a que el cobre va desapareciendo, sustituido por otros materiales más eficientes, ha dado lugar al desarrollo de esta nueva modalidad de impuesto mafioso. 

La realidad es que esta presión mafiosa se sufre con total indefensión, pues, si no pagas, te causarán destrozos, y por lo tanto, no puedes denunciar el robo de nada, y los destrozos, por muy importantes y costosos que sean, al parecer tienen otro tratamiento jurídico y su pena debe de ser muy benigna. 

En definitiva, no es fácil garantizar la seguridad nocturna ni diurna en una obra, cuando esta cesa en su actividad. Las firmas de Seguridad que instalan sistemas, cámaras, conexión con centrales, etc., te dicen con toda honradez que “de todas formas entrará el gitano.” 

El gitano hace un trabajo limpio y ya no padece ni el esfuerzo ni el riesgo de llevarse de la obra lo fungible. Simplemente, te destroza, ‘sin despeinarse’, lo que más daño hace. 

Esta lacra la soportan principalmente los pequeños y medianos contratistas, los que, por la dimensión de sus obras, no soportan el coste del establecimiento de una guardería, como ordena la Ley, y no cuentan con otra protección o seguridad. La solución por el momento: nada más que pagar el peaje.

Fuente: www.minutodigital.com

Detienen a ocho ‘seguritas’ de Valle Tabares por la ‘operación Bachiller’

Acudieron a su centro de trabajo para una reunión convocada por su jefe, pero en realidad era una artimaña para facilitar al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) el arresto de siete vigilantes de seguridad empleados en el centro de menores existente en Valle Tabares, dentro del término municipal de La Laguna. Un octavo fue localizado en su casa, según datos facilitados por sus compañeros. 

A primera hora de la noche de ayer, se desconocía el resultado de la toma de declaración de los afectados y, por ende, su supuesto grado de implicación en el caso. 

Según detallaron los nacionales a los seguritas, se trata de una ramificación de la llamada operación Bachiller, un servicio prestado por el CNP en julio del año pasado por el cual se desmanteló una supuesta red que falsificaba documentos públicos (certificados de estudios, etc) y que utilizaba como tapadera una Academia de Preparación para Vigilantes de Seguridad con sede en la capital tinerfeña. Si los 15 arrestados entonces quedaron en libertad con cargos, lo más probable es que los de ayer durmieran anoche en casa.

Enfado 

La sorpresa, lo aparatoso del operativo desplegado y el regusto amargo del que se siente burlado generaron una oleada de indignación entre el resto de la plantilla, que ayer no ocultaba su enfado en declaraciones a este periódico. Y es que los hechos tuvieron lugar pasadas ya las doce y media, cuando un número no determinado de efectivos de la Policía Nacional se presentó en el centro, ubicado tras una larga cuesta en lo alto de un monte, a bordo de tres furgonas. 

El objetivo era, siempre según los compañeros de los interrogados, localizar a ocho de los seguritas para trasladarlos a dependencias judiciales y tomarles declaración.

"Si se trata de comprobar si has utilizado un certificado falso o no, sencillamente basta con una citación. Lo que no es de recibo es el tremendo despliegue en tu centro de trabajo, y más si se trata de un centro para menores de edad con medidas judiciales", se lamentaba ayer uno de los vigilantes del centro.

Fuente: www.diariodeavisos.com

La Policía se reúne con Alí para exigirle que legalice a sus escoltas

Comillas puede convertirse en el primer destino de parte de los 100 millones de euros que Alí Syed se ha comprometido a invertir en Cantabria a «corto plazo», al margen del dinero que destine en el Racing. El presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, aseguró ayer que el magnate indio se ha interesado mucho por el proyecto que desarrolla la Fundación Comillas de enseñanza, investigación y difusión del español y del hispanismo. Por eso, el propio Revilla se ha postulado como su guía particular y enseñarle Comillas «de abajo a arriba» cuando el nuevo propietario del Racing regrese a Cantabria la semana que viene.
El presidente cántabro considera «extraordinaria» la posibilidad de que, gracias a Alí, el mercado de la India se abra para el Campus Comillas.
Revilla también destacó que el Gobierno regional ya está trabajando para presentarle al empresario indio proyectos que puedan ser de su interés para invertir en la comunidad autónoma, en la que, según anunció, va a instalar también una sucursal de una de sus empresas. «Ya estamos en ello», afirmó el jefe del Ejecutivo.
«Miel sobre hojuelas»
Para el consejero de Cultura y Deporte, Javier López Marcano, los cien millones de Alí hablan de su «deseo de integración plena en el tejido productivo, social y deportivo de la región».
El consejero valoró como «muy positiva» la propuesta del empresario, pues «cualquier inversor que viene a Cantabria es bien recibido, y si utiliza como bandera el deporte, pues miel sobre hojuelas». Su apuesta «dice mucho de él, de sus afanes y sus ganas».
A su juicio, el anuncio de Alí «deja abierta una puerta» para buscar «nuevos mercados y contactos que pueden ser emergentes y que hoy nos parecen muy alejados».
El nuevo propietario del Racing, el indio Alí Syed, ya no tiene un cheque en blanco para rodearse de una seguridad que se ha saltado todo tipo de normas desde el primer día que aterrizó con su avión privado en Parayas. La impunidad con la que hasta ahora actuaban sus escoltas se difuminó tras los sucesos que tuvieron lugar en las puertas del estadio antes y después del partido contra el Sevilla del pasado sábado. El enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional, que se saldó con su jefe de seguridad, el italiano Claudio Loiodice, detenido por un presunto delito de resistencia a la autoridad y lesiones a un agente, desembocó en un órdago de Alí, que amenazó con deshacer toda la operación de compra del club, y finalmente en buenas palabras y promesas de adaptarse a la legislación española a partir de ahora.
Alí tenía pensado volar el domingo por la tarde a Zurich, donde tiene una residencia, pero ayer por la mañana su avión privado seguía en Parayas. El magnate indio tenía dos razones para retrasar su viaje: una reunión con los mandos policiales y la obligada asistencia de Loiodice a los juzgados para responder por lo ocurrido el sábado por la noche.
El nuevo propietario del Racing cambió ayer por la mañana los despachos de Peña Herbosa, donde el domingo anunció 100 millones de euros en Cantabria delante del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, por las oficinas del estadio. Hasta allí se trasladaron mandos de la Policía Nacional de Cantabria para exigirle que legalice a su cuerpo de seguridad y mostrarle los pasos que debe seguir para hacerlo, extremos que Alí se mostró dispuesto a cumplir, según explicaron desde el club.
La Ley sobre Protección de la Seguridad Privada de 1992 es la que marca todos los límites y pasos que deben cumplir en España las personas que trabajen como escoltas. El círculo de confianza de Alí no cumplía ninguna, según fuentes expertas en seguridad.
Sin pistolas
Las normas son las mismas para cualquier persona, española o extranjera, que quiera contar con un servicio de escoltas. En primer lugar, debe notificarlo a Delegación del Gobierno y concretar las razones y las tareas que desempeñarán -desactivación de explosivos, protección de personas...-. Una vez se tenga el visto bueno, esta persona deberá contratar a los profesionales en una empresa de seguridad española que cuente con la homologación del Ministerio de Interior, según informaron desde las agencias de seguridad consultadas. Estos especialistas, con nacionalidad española o de la Unión Europea, tendrán que tener el título del país de vigilante jurado y la especialización en escolta, además del visado de la Policía Nacional.
Alí se trajo a su propio cuerpo de seguridad desde el extranjero sin solicitar ningún permiso para que ejercieran esa labor. Ninguno de ellos portaba armas de fuego, cuando en España todos los que ejercen esta profesión llevan una pistola 9 milímetros para poder proteger al VIP. «Puede traerse al personal de confianza que quiera, pero sólo podrán protegerlo como si fueran sus amigos, no con la libertad de un profesional», aseguraron a este periódico fuentes expertas en seguridad.
Pero ha sido su ostentosa forma de actuar desde que pisaron por primera vez Cantabria lo que más ha indignado a los ciudadanos y también a las empresas de seguridad privada. Según ha podido saber este periódico, éstas últimas han formulado alguna queja a la Policía por los estrictos requisitos que se las piden para trabajar y la manga ancha con la que lo hacen los escoltas de Alí.
Saltarse semáforos en rojo, no respetar los límites de velocidad y aparcar en medio de la carretera o sobre la acera son sólo algunas de las estridencias con las que ha actuado la comitiva de Mercedes blancos del propietario del Racing. Motivos por los que también han recibido un toque de atención desde el Ayuntamiento de Santander.
En una entrevista concedida ayer a la agencia EFE, el empresario indio aseguró, sin embargo que «nunca ha habido» problemas con la Policía Nacional. «He agradecido personalmente a los responsables de la Policía el trabajo fantástico que hacen para ofrecer seguridad a los aficionados antes, durante y después de los partidos. Respaldo totalmente su trabajo», dijo.
Estos hechos también tuvieron tuvieron réplica en el presidente cántabro, quien recordó que «España es un estado de derecho en el que la Policía tiene su papel», y se mostró seguro de que el incidente ya está «zanjado» y el comportamiento de la seguridad del empresario indio será acorde con las normas y usos del país.
Revilla espera que en tras la reunión de ayer haya quedado «aclarado todo», y subrayó que es importante que se advierta a las personas que acompañan al nuevo dueño del Racing de Santander de la legislación española.
El lunes, juicio
El desenlace de esta historia comenzó a escribirse con la llegada del séquito de Syed a El Sardinero el pasado sábado por la noche, pocos minutos antes de comenzar el partido contra el Sevilla. La Policía Nacional identificó a los siete miembros del equipo de seguridad del indio. Tres de ellos son españoles y pertenecen a una agencia de seguridad privada. Los otros cuatro, de nacionalidad extranjera, fueron retenidos por «intrusismo» ya que no forman parte de ninguna empresa del sector y ejercían como tal.
Todo pareció quedarse en eso hasta que, al final del partido, los agentes y los escoltas volvieron a encontrarse. En ese momento, se produjo un forcejeo que terminó con Claudio Loiodice esposado y conducido a Comisaría por presuntas lesiones a un agente y resistencia a la autoridad. Toda la escena se desarrolló delante de un gran número de aficionados del Racing.
El escolta asistió ayer al mediodía a la comparecencia previa del juicio rápido por estos hechos. Loiodice rechazó los cargos del Ministerio Fiscal, por lo que el próximo lunes se celebrará un juicio rápido en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander. Existen precedentes de casos con cargos similares en los que el acusado fue condenado a un año de cárcel y una multa.

Fuente: www.eldiariomontanes.es

Los trabajadores de Securitas se concentrarán en la Plaza Mayor de El Ejido

El derecho a protestar es lo que les queda a los 25 trabajadores de la empresa Securitas Seguridad España que custodiaban los edificios municipales, después de haber perdido sus puestos de trabajo.
Los impagos por parte del Ayuntamiento de El Ejido a dicha empresa ha provocado que el contrato entre ambas partes se haya roto, optando el Consistorio a dejar en manos de la empresa Indacontrol S.L.U. estos servicios, «a efectos ilegales», señalan los que han sido despedidos.
Para denunciar esta situación, los trabajadores de Securitas Seguridad España han convocado para el próximo viernes una concentración en la Plaza Mayor de El Ejido. Será desde las 12 hasta las 15 horas.
Según han expuesto los trabajadores y ya denunció el sindicato UGT, la situación que atraviesan es «grave» y ésta se remonta a bastante tiempo atrás. Incluso han puesto el tema en conocimiento de la Subdelegación de Gobierno y el Departamento de Seguridad Privada pues entienden que debe respetarse la Ley de Seguridad Privada.
En esta línea, han informado que fue hace ya dos años cuando se firmó el contrato de seguridad entre ambas partes pero que a raíz de la intervención del Ayuntamiento el pasado 20 de octubre de 2009, el Consistorio «dejó de pagar las mensualidades a la empresa». Un año después del inicio de la Operación Poniente, en octubre de 2010, las dos partes implicadas en este conflicto, empresa y Consistorio, se sentaron a buscar una solución para el pago de las cantidades adeudadas. Sin embargo, aunque en principio, señalan desde el Comité de Empresa, parecía que se había encontrado una solución al comprometerse el equipo de gobierno del PAL a pagar «no la deuda entera, pero sí al pago de las mensualidades venideras», esto no llegó a cumplirse. «De dicho compromiso, sólo un mes fue abonado por el Ayuntamiento», así es que «con el incumplimiento del acuerdo de octubre, Securitas se vio obligada a dejar el servicio, por finalización del contrato, y deja así a 25 trabajadores sin su puesto de trabajo».
No obstante, aclaran que «para sorpresa de este Comité, observamos que el pasado día 1 de Febrero, en los puestos de vigilancia y seguridad, tales como Auditorio, depósito municipal, Parque Municipal o mercado de abastos, entre otros, hay servicios auxiliares de la empresa Indacontrol S.L.U. a todos los efectos ilegal, ya que la Ley de Seguridad Privada prohibe expresamente a dichos servicios auxiliares a ejercer la vigilancia sin la debida acreditación por parte de los trabajadores, teniendo que ser estos para el desempeño de esas funciones vigilantes de seguridad».
Éste podría ser el primero de los actos de protesta que emprendan los 25 trabajadores de Securitas Seguridad España que se han quedado en la calle motivado por lo que ellos consideran «irregularidades» en el Ayuntamiento de El Ejido.

Fuente: www.ideal.es 

Las empresas de seguridad piden medidas contra el intrusismo que vive el sector

La Asociación de Empresas de Seguridad de la Comunitat Valenciana denunció ante el subdelgado del Gobierno en Castelló, Antonio Lorenzo, el intrusismo profesional existente en el sector. Lorenzo recibió ayer a una representación de este colectivo, encabezada por su presidente, Manuel García Yeves.
García Yeves transmitió a Lorenzo la preocupación de su sector por el intrusismo profesional existente, al detectar la presencia en el mercado de empresas que ofrecen servicios de seguridad sin estar formalmente inscritas en el registro del Ministerio del Interior. "Es un problema que se produce en el conjunto de la Comunitat Valenciana, aunque en menor medida en la provincia de Castelló", apuntó el responsable del colectivo.
En el encuentro, García Yeves explicó al subdelegado que los irregulares no sólo perjudican económicamente a aquellas empresas que están legalmente constituidas, sino que además su actividad repercute negativamente sobre la imagen de éstas.

Actividades
La Asociación de Empresas de Seguridad de la Comunitat Valenciana mostró su disposición a participar en actividades formativas sobre seguridad privada ofreciendo charlas a los potenciales consumidores de este servicio: ayuntamientos, polígonos industriales, comercios, bancos, o administradores de fincas.
Esta asociación también tiene intención de realizar congresos anuales sobre seguridad privada, abiertos a los consumidores y a representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Concretamente, en 2011 se realizará uno en Alicante y en 2012 en Castelló.

Fuente: www.levante-emv.com